OPINIÓN
Financiación ilegal del PP: Rajoy sigue sin dar la cara
José Oneto
Cuatro días después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, hubiese público un auto en el que se afirma que el Partido Popular
ha llevado durante años una doble contabilidad y que se ha pagado en
negro parte de las obras que se han realizado en la sede del partido en
Madrid, en la calle Génova, el Presidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy,
sigue sin dar la cara ante la opinión pública, y sin dar ninguna
explicación al Comité Ejecutivo de su partido, que se ha reunido este
lunes en Madrid para, entre otras cosas, hacer un balance de dos años
de gobierno popular.
Ante el silencio de Rajoy, ha sido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que hay que reseñar que no estaba en el puesto en parte de los años que ocurrieron los hechos contenidos en el auto del juez de la Audiencia Nacional, la que se ha visto obligada a dar la cara, primero ante sus compañeros de partido, y posteriormente, ante los periodistas, para en una petición realmente insólita, solicitar la ayuda y la intervención del Ministerio Fiscal (que depende del Gobierno), para que revise la contabilidad del 2006 al 2010 del partido, que está depositada en el Tribunal de Cuentas, para que compruebe que todos los pagos sobre las obras en la sede Génova, están auditados y documentados y, según insistió ante los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, se pagaron en A.
Durante todo el Comité Ejecutivo, el Presidente del PP, y del Gobierno, no ha considerado oportuno intervenir, a pesar de ser el máximo responsable del partido durante estos años en los que llevó las cuentas de la organización política Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Tanto Rajoy como la secretaria general Cospedal han negado la existencia de una doble contabilidad y se han refugiado, frente a los papeles de Bárcenas, que la única contabilidad del PP es la que figura en el Tribunal de Cuentas, que es ahora la que quieren que examine la Fiscalía.
Según reflejan la contabilidad depositada en el Tribunal de Cuentas, el PP se ha gastado oficialmente 46 millones de euros desde 2006 en que compró la sede de Génova 13 a la aseguradora Mapfre, el edificio donde estaba en régimen de alquiler en 40 millones de euros, gracias a un crédito hipotecario de 37 millones de euros concedido por Banesto, en unas condiciones al parecer muy favorables, pero cuyos detalles se desconocen. El resto se gastó en acondicionamiento del edificio y en diversas obras de mejora según los informes que constan en el Tribunal de Cuentas y que Cospedal quiere que examine y estudie la Fiscalía.
Pero al margen de estas cifras el auto del juez Pablo Ruz, sobre los que no se ha dado ningún tipo de explicación, pone de manifiesto que de hecho existe una doble contabilidad basándose en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), en el que se analizan los documentos hallados en el registro a la sede en Madrid de Unifica, la empresa que realizó las obras en Génova, y los que envió el PP sobre la obra de remodelación de su sede.
La Policía compara estos documentos con tres anotaciones que aparecen en los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas en el año 2008 a nombre de “Gonz. Urquijo”, “Gonzalo (Arquitecto)” y “G.U.” por un importe global de 888.000 euros, y concluye que las coincidencias dan validez a dichos apuntes manuscritos del extesorero.
Ese dinero, indica el juez, se habría abonado al arquitecto con la supuesta caja B del PP y los pagos “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o ‘B’ llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta”, por entonces gerente y tesorero, respectivamente. “En definitiva”, dice Ruz, esos pagos “se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada Caja ‘B’ del partido”.
Ante esto, poco puede hacer la Fiscalía, aunque lo intente el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Ante el silencio de Rajoy, ha sido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que hay que reseñar que no estaba en el puesto en parte de los años que ocurrieron los hechos contenidos en el auto del juez de la Audiencia Nacional, la que se ha visto obligada a dar la cara, primero ante sus compañeros de partido, y posteriormente, ante los periodistas, para en una petición realmente insólita, solicitar la ayuda y la intervención del Ministerio Fiscal (que depende del Gobierno), para que revise la contabilidad del 2006 al 2010 del partido, que está depositada en el Tribunal de Cuentas, para que compruebe que todos los pagos sobre las obras en la sede Génova, están auditados y documentados y, según insistió ante los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, se pagaron en A.
Durante todo el Comité Ejecutivo, el Presidente del PP, y del Gobierno, no ha considerado oportuno intervenir, a pesar de ser el máximo responsable del partido durante estos años en los que llevó las cuentas de la organización política Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Tanto Rajoy como la secretaria general Cospedal han negado la existencia de una doble contabilidad y se han refugiado, frente a los papeles de Bárcenas, que la única contabilidad del PP es la que figura en el Tribunal de Cuentas, que es ahora la que quieren que examine la Fiscalía.
Según reflejan la contabilidad depositada en el Tribunal de Cuentas, el PP se ha gastado oficialmente 46 millones de euros desde 2006 en que compró la sede de Génova 13 a la aseguradora Mapfre, el edificio donde estaba en régimen de alquiler en 40 millones de euros, gracias a un crédito hipotecario de 37 millones de euros concedido por Banesto, en unas condiciones al parecer muy favorables, pero cuyos detalles se desconocen. El resto se gastó en acondicionamiento del edificio y en diversas obras de mejora según los informes que constan en el Tribunal de Cuentas y que Cospedal quiere que examine y estudie la Fiscalía.
Pero al margen de estas cifras el auto del juez Pablo Ruz, sobre los que no se ha dado ningún tipo de explicación, pone de manifiesto que de hecho existe una doble contabilidad basándose en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), en el que se analizan los documentos hallados en el registro a la sede en Madrid de Unifica, la empresa que realizó las obras en Génova, y los que envió el PP sobre la obra de remodelación de su sede.
La Policía compara estos documentos con tres anotaciones que aparecen en los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas en el año 2008 a nombre de “Gonz. Urquijo”, “Gonzalo (Arquitecto)” y “G.U.” por un importe global de 888.000 euros, y concluye que las coincidencias dan validez a dichos apuntes manuscritos del extesorero.
Ese dinero, indica el juez, se habría abonado al arquitecto con la supuesta caja B del PP y los pagos “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o ‘B’ llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta”, por entonces gerente y tesorero, respectivamente. “En definitiva”, dice Ruz, esos pagos “se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada Caja ‘B’ del partido”.
Ante esto, poco puede hacer la Fiscalía, aunque lo intente el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
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