El Gobierno pone en marcha la norma para hacerse con el control absoluto de RTVE
El Ejecutivo de Rajoy recupera la ley de 2006 que permite sacar adelante el modelo por mayoría y aprueba una ley para que se puedan privatizar las televisiones autonómicas
El Gobierno pone en marcha la norma para hacerse con el control absoluto de RTVE
REPÚBLICA | MADRID Publicada el 20-04-2012
Republica.com lo ha venido adelantando en las últimas semanas (y Elfantasmadelamoncloa.com): el Gobierno de Mariano Rajoy quiere renovar con carácter de urgencia los altos cargos de la Corporación de RTVE y proceder al nombramiento de un nuevo presidente (para cubrir el vacío dejado por Alberto Oliart) por mayoría simple del Congreso de los Diputados, ante la continua resistencia del PSOE a facilitar la renovación de los órganos gestores de la empresa. Finalmente, la decisión se ha tomado en el Consejo de Ministros de este viernes. A raiz de las declaraciones de la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo, puede darse por extinto el modelo Zapatero de RTVE: no habrá pacto del PP con el PSOE y los populares impondrán por mayoría su modelo económico y político. Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido a "problemas muy graves y complicados" en la gestión de la corporación, agravados por la ausencia de un presidente, lo que tiene la entidad sin posibilidad de presentar ni aprobar sus cuentas anuales. Ello redunda en serias dificultades para cumplir el programa de ajuste establecido por el Ministerio de Hacienda.

La solución que ha encontrado el Gobierno es “volver enteramente a la Ley aprobada en 2006″ que establece que la renovación de los órganos directivos se hará mediante votación parlamentaria de dos tercios del Congreso. Solo en el caso de que no se logre sacar adelante la propuesta en primera votación, se puede proceder a una segunda en la que basta conseguir la mayoría absoluta. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se reforma el sistema de renovación de RTVE. El número de consejeros se bajará de doce a nueve y se sumprimirá la exclusividad de la dedicación de los consejeros, lo que significa un importante ahorro en sus salarios.

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Gobierno entiende que es un momento para que RTVE haga un “esfuerzo de austeridad” y había que “proceder cuanto antes” para el “desbloqueo” del nombramiento del presidente, puesto que está vacante desde que Alberto Oliart dimitió en julio de 2006, y de la renovación de la mitad del Consejo de Administración, que debería haberse efectuado en 2010. Más adelante, ha explicado que el Gobierno seguirá trabajando para logar un acuerdo en torno a la renovación de los órganos de dirección de la televisión pública y que pueda llevarse a cabo mediante mayoría de dos tercios del Congreso. Pero, además de lamentar la situación de parálisis en la que se encuentra ese proceso al no haber sido posible el acuerdo con el PSOE, ha tachado de “incoherente” la actitud de los socialistas por unas declaraciones de Elena Valenciano en las que ha calificado de “golpe institucional” la resolución del Gobierno sobre RTVE.

Además, la vicepresidenta ha comunicado el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre la flexibilización de la gestión de las televisiones autonómicas. Se amplía la capacidad de elección y de decisión de las comunidades autónomas sobre cómo prestan ese servicio y, si deciden no hacerlo podrán sacarlo a concurso. Es decir, que se abre la puerta a la privatización de estas televisiones. La vicepresidenta ha dicho que “es una medida que busca una mayor eficacia y eficiencia”. En el caso de que ese servicio lo siga prestando la comunidad autónoma, el Ente que lo gestione tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria.

Represalias por la expropiación de YPF

En cuanto a la expropiación del 51% de YPF decidida por el Gobierno argentino, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado en el Consejo de Ministros una orden ministerial para asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas, lo que limitará la entrada del producto refinado procedente de Argentina. “La orden será firmada hoy por el ministro y publicada mañana en el BOE”, ha anunciado Sáenz de Santamaría, antes de explicar que su contenido “tiene por objeto un apoyo a las operaciones de refino (de biodiésel) por parte de las empresas españolas y comunitarias, y busca colocarlo en una situación adecuada para poder ofrecer el biodiésel en condiciones competitivas”. El valor de las importaciones de biodiésel argentino ascendió el año pasado a 750 millones de euros.

La vicepresidenta ha agradecido el apoyo internacional poniendo en valor la resolución que ha aprobado este viernes el Parlamento Europeo en contra de la expropiación y las “acciones futuras” que se vislumbran, entre ellas la extinción del sistema comercial de preferencias con anterioridad al 1 de enero de 2014 y el cambio en el clima de negociaciones en el Mercosur. El Gobierno, ha dicho, “seguirá buscando medidas y acciones de naturaleza diplomática en todos los foros”. Esta posición parte de la “obligación” del Ejecutivo de “proteger los intereses de los españoles” y de los “pequeños accionistas”.

Recortes y Estado de bienestar

Sáenz de Santamaría ha informado, por otra parte, de las medidas estructurales que se han adoptado para la ‘racionalización’ del gasto educativo, a las que más adelante seguirá una reforma del sistema educativo, y para la sostenibilidad del sistema sanitario. “Este Gobierno está llevando a cabo un importante plan de reformas, algunas de las cuales fueron anunciadas en el Debate de Investidura por el presidente del Gobierno. Somos muy conscientes de que los ciudadanos están haciendo un esfuerzo importante en un país que tiene un problema grave con sus cuentas públicas”, ha insistido la número dos del Ejecutivo cuando se le ha preguntado si las reformas y los ajustes van a continuar próximamente y se ha remitido a las que ya ha anunciado el propio Mariano Rajoy en recientes comparecencias.

A lo largo de la rueda de prensa, la vicepresidenta se ha referido en varias ocasiones al “esfuerzo” que hay que pedir a los ciudadanos –utilizando el mismo término que empleó el presidente del Gobierno el jueves en Bogotá- pero añadiendo inmediatamente que el Ejecutivo quiere “preservar nuestro Estado de bienestar”. De momento, y por lo que se refiere al recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación, el Consejo ha dado luz verde a las medidas anunciadas durante esta semana por los titulares de esos dos departamentos, Ana Mato y José Ignacio Wert. Ambos han repetido básicamente los mismos argumentos que han utilizado en días pasados para justificar las reformas de las áreas de su competencia.

Así, en materia sanitaria se ha dado luz verde al copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar en las farmacias un 10 por ciento del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40 por ciento, les saldrán gratis “hasta que encuentren trabajo”.

Reforma de la Ley de Extranjería

Destaca el anuncio que ha hecho Ana Mato de una próxima reforma de la Ley de Extranjería, de modo que a los inmigrantes, a la hora de empadronarse, se les exigirán una serie de requisitos para acceder a los servicios sanitarios para poner coto a la utilización “ilegal” e “indebida” -en palabras de la ministra- que hacen algunos extranjeros de la Sanidad española. La reforma incluye también el control del denominado “turismo sanitario” y “fraudulento”, mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros. Para ello, se añadirá un artículo de una directiva europea que se traspuso erróneamente, lo que impedirá el traslado a España con motivos exclusivamente sanitarios de los extranjeros comunitarios.

La titular ha anunciado que se van a revisar algunos convenios internacionales en materia de sanidad, ya que “muchos” países no reintegran el dinero que deben a España por la atención sanitaria a sus ciudadanos. Todas estas medidas, ha apuntado la ministra, conllevarán un ahorro de más de 1.000 millones de euros si se controlan los abusos de los pacientes europeos y de otros 500 si se evita que “los inmigrantes traigan a sus familiares sin derecho a utilizar la Sanidad”.

En materia educativa, las medidas aprobadas por el Gobierno con el objetivo de contribuir al recorte de 3.000 millones de euros contemplan que cada alumno pague hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria -a razón de 60 euros al mes-.

Concretamente, el Gobierno plantea la posibilidad de ampliar la horquilla que tendrán que pagar los alumnos que irá desde el 15 por ciento hasta el 25 por ciento del coste de este puesto en las universidades públicas, lo que supone un incremento de hasta un 66 por ciento de las tasas. En la actualidad, las familias pagan de media en España un 15 por ciento y el Estado el 85 por ciento restante.

Además, la horquilla se ampliará cada vez que el alumno suspenda una asignatura, de forma que se sitúa entre un 30 y un 40 por ciento para la segunda matrícula, entre un 65 y 75 por ciento para la tercera matrícula y entre un 90 y un 100 por cien en la cuarta matrícula. Para los master no habilitantes, se plantea hasta un rango máximo del 50 por ciento. Según la secretaria de Estado, se trata de aproximar el precio público de la matrícula al coste real.

Respecto a unas declaraciones de Esperanza Aguirre anunciando su intención de “pasar a la insumisión” frente al Gobierno si el Ministerio de Educación y Cultura rechaza su reivindicación de contratar profesores nativos para impartir enseñanzas en los colegios públicos e institutos bilingües madrileños, Wert ha asegurado que “es un tema en el que nos vamos a poner de acuerdo, sin necesidad no ya de una insumisión, sino ni siquiera de una discusión”.