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La Junta de Castilla-La Mancha no solo debe las ayudas a los 40.000 beneficiarios por la Ley de Dependencia de la comunidad desde junio. Ni siquiera ha pagado a los beneficiarios los 11 millones aportados por el Ministerio de Sanidad correspondiente a mes de junio, y que recibió a primeros de agosto, según datos oficiales. Esta es la situación de la prestación en una comunidad que, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, era hasta mayo una de las más avanzadas en la aplicación de la norma.
La financiación corresponde por igual a ambas Administraciones
Las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia tienen un sistema de financiación a tres bandas: una parte la paga el beneficiario en función de sus ingresos, otra la comunidad autónoma, y otra el Gobierno central. En teoría, las partidas de las dos Administraciones públicas son iguales. En el caso de Castilla-La Mancha eso quiere decir que los casi 40.000 beneficiarios deben recibir alrededor de unos 22 millones de euros al mes, aportados al 50% por el Gobierno central y el autonómico. Pero eso no sucede desde mayo, cuando, tras el cambio de poder en la comunidad (el PP liderado por su secretaria general, Dolores de Cospedal, sustituyó al Ejecutivo del PSOE). Eso no ha impedido que el Gobierno central haya hecho sus aportaciones. Entre enero y junio ha entregado exactamente 60.141.673,51 euros a la Junta. Los abonos se hacen a mes vencido, por lo que estos días está pendiente el pago de unos 11 millones por el mes de julio, que deberían haberse abonado en agosto.
La Junta no confirmó ayer, a preguntas de este diario, si disponía de la cantidad de junio, y qué había hecho con ella. Lo que sí aclaró una portavoz de la Consejería de Hacienda fue que en julio se hizo un pago —que correspondía a la partida de mayo—, y admitió que se debían junio, agosto y septiembre. “Estamos sacando el dinero de debajo de las piedras”, dijo la portavoz, quien acusó al anterior Ejecutivo, presidido por José María Barreda (PSOE), de los retrasos.
Eva Fernández no recibirá un euro de lo fijado hasta marzo de 2012
Esta explicación no convence a la Plataforma por la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, que admite que otras veces ha habido retrasos, “pero de días, no de meses”. De hecho, representantes de esta plataforma mantuvieron el martes una reunión con la secretaria general de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, Carmen Balfagol, en la que esta les aseguró de voluntad de hacer algún pago pronto. La portavoz de la Consejería de Hacienda confirmó que sería la semana que viene. Pero miembros de esta plataforma, al saber que parte del dinero que se les adeuda lleva ya dos meses retenido, temen que lo que esté esperando la Junta sea a que llegue la próxima partida del Gobierno central. Con esos 11 millones (siempre en cifras aproximadas, porque el importe varía mes a mes en función del número de beneficiarios), ya habría dinero suficiente para pagar un mes entero. “Y la Junta salvaría la cara sin haber puesto un duro”, según uno de los componentes de la plataforma.
Pero esta no es la única medida que ha tomado la Junta para reducir los gastos en dependencia. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha utilizado un real decreto de medidas contra la crisis de 2010 que le permite fraccionar en cinco entregas anuales el pago de los atrasos que se generan en el momento de tramitar las ayudas. Hasta el cambio de Gobierno la Junta no lo había aplicado, pero con la crisis estos plazos se han desbocado.
Una de las perjudicadas por estas nuevas medidas es Eva Fernández Bódalo, de Méntrida (Toledo). O, mejor dicho, su hija Daniela. La niña, de seis años, tiene lo que se denomina como síndrome de Ondine (científicamente se llama hiperventilación central congénita), una enfermedad genética muy peligrosa porque implica que la niña puede dejar de respirar en cualquier momento cuando está dormida. Por eso tiene una traqueotomía permanente a la que hay que conectar un respirador en cuanto coge el sueño. “Hay que vigilarla siempre. Una cabezada puede ser mortal”, dice la madre.
“Estamos sacando el dinero de debajo de las piedras”, afirma la consejería
La Junta ha concedido a Daniela una ayuda de 300 euros mensuales con fecha de efectividad del 8 de septiembre de 2009. La cantidad asciende en 2010 y 2011 a 300,9 euros mensuales. Pero la resolución de pagarles no se tomó hasta el 30 de abril de 2011. Por ello, en total la Junta le debe 5.944,4 euros de atrasos. Pero en una carta del 7 de abril de 2011, le avisan de que el primer pago (1.188,88 euros) no lo cobrará hasta marzo de 2012. El último, en 2016. Y, mientras tanto, tampoco ha cobrado los meses de junio, julio y agosto.
Este fraccionamiento “es indeseable, pero legal”, admite Ramírez. Otros miembros de la plataforma indican que en su caso no hubo ese pago aplazado porque los anteriores responsables de la consejería abonaron los retrasos de golpe. Además, añade Ramírez —que no tiene noticia de que en otras comunidades esté pasando lo mismo— un acuerdo del Consejo Territorial de Dependencia, donde están representadas las comunidades y el Gobierno central, fijó que el retraso solo podía ser de seis meses, por lo que las cantidades adeudadas son muy bajas (en el caso de Eva Fernández, 1.800 euros), “y a la Administración no le compensa fraccionar el pago”.
CiU ha pedido que se revise la ley para asegurar su sostenibilidad
La situación para Eva, mientras tanto, es muy difícil. Tiene otra hija de cuatro años, y en la casa solo entra un sueldo, el de su marido, que trabaja en una fábrica de cartones. “Mientras, yo no puedo trabajar”, dice Eva. Ella solo hace una tarea por horas los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cuando su marido (o un familiar o un amigo) pueden vigilar el sueño de la niña. “Hay que estar siempre pendiente. Se pierde muchas excursiones y actividades, salvo que la pueda acompañar la enfermera del colegio con un respirador, porque no se puede quedar dormida”, indica. “No puede quedarse a dormir en casa de una amiga. Necesita logopedia y psicopedagogía”, continúa. “Menos mal que es una luchadora nata”, añade.
Para Eva y su familia, el impago es una decepción y una traba para intentar recuperar una vida normal. Hace ya dos años que le dijeron que iba a recibir una ayuda, con la que esperaba poder pagar a alguien para liberarla de la vigilia continua que debe hacer. “Hay que estar todo el día pendiente. De mayor, si lo tolera, se podrá cerrar la traqueotomía y la niña podrá respirar con una mascarilla. Mientras tanto hay que perseguirla con el ventilador” afirma.
Ante esta situación —y retrasos puntuales en otras comunidades, como la Valenciana—, el diputado de CiU Carles Campuzano ha presentado una iniciativa en el Congreso para “repensar” la ley y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
Una comunidad puntera
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